El Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, a cargo de Bernardo Bibel, depositó en las últimas horas una suma cercana a los 3 millones de pesos en la cuenta de la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra”, dinero que se generó por acuerdos firmados con aquellos vecinos que fueron imputados por incumplir las normas dictadas por Nación referidas a la pandemia por Covid-19.
Cabe señalarse que desde el inicio de la pandemia por coronavirus y la llegada de los Decretos de Necesidad y Urgencia planteados por el gobierno nacional, se impusieron diferentes medidas restrictivas con cláusulas penales para aquellas personas que las incumplieran.
En el caso de Necochea, con buen tino, el Ministerio Público Fiscal Federal aplica el criterio de reparación integral del daño causado que deben afrontar las personas imputadas por la Justicia Federal de cometer ese delito.
Esto significa suspender el juicio a prueba (conocido como probation) y en lugar de llegarse a una sentencia, se aplica una sanción en dinero o entrega de bienes para solventar los gastos de la enfermedad de Covid-19. De esta manera, la persona imputada contribuye de forma material para reparar el daño que causó al incumplir el DNU presidencial.
En tal sentido, oficialmente se explicó que se han comenzado a firmar acuerdos entre las personas relacionadas con estas causas penales, su Defensa y la Fiscalía Federal, lo que se considera un principio de justicia restaurativa. En tal aspecto, en las últimas horas, ha ingresado por disposición del Juzgado Federal con destino a la Cooperadora del Hospital Municipal una suma cercana a los 3 millones de pesos, justamente para ser destinados a la atención de la salud de los necochenses, especialmente cubrir los gastos que el municipio deba afrontar en este tiempo de grave crisis epidemiológica.
Desde el mencionado Juzgado Federal, se detalló que “todo esto resulta sumamente beneficioso para la tramitación de expedientes judiciales, ya que con este procedimiento finalizan rápidamente los trámites judiciales, ahorrando plazos procesales, gastos para la justicia y volviendo al Estado el recurso de dinero que debió invertir para poner en marcha estas causas”.
