En su denuncia piden que se “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” de esos letrados matriculados que participaron del juicio oral, ya que tienen como deber “comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional”.

Según fundamentan los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Jorge Giménez Uriburu, los letrados “dedicaron gran parte de las instancias procesales previstas para el ejercicio de su magisterio para instalar la idea de que, desde sus albores, esta causa había tenido por objeto deslegitimar a sus asistidos para inhabilitarlos políticamente o perseguirlos por portación de apellido o por su identificación ideológica o partidaria”.

Y agregaron: “Así, aunaron esfuerzos en repasar circunstancias que, desde su perspectiva, constituían pruebas irrefutables de que el proceso constituía una verdadera persecución política”.

A su vez, la denuncia señala que “los abogados de la ex Presidenta, además, enumeraron la gran cantidad de causas en las que se encontraba imputada, pretendiendo demostrar el modo con que se materializaba dicha guerra judicial” o lawfare.

“Le otorgaron la misma finalidad persecutoria a la oportunidad escogida por este tribunal para que el juicio oral se iniciara pocos meses antes de las elecciones del año 2019, como un dato que generaba al menos suspicacias acerca de la intencionalidad de perjudicar su imagen de cara a los comicios”, explicaron.

Y concluyeron: “En pleno debate las mismas partes dirigieron ataques a los medios masivos de comunicación que fueron identificados por los acusados, bajo esta lógica, como operadores aliados e imprescindibles para la formación de opinión de la sociedad”.

A quiénes afecta esta denuncia
Según consta en la denuncia, esta medida abarcar a “cuatro de las defensas, integradas por los Carlos Beraldi y Ary Llernovoy (Cristina Kirchner), Federico Paruolo y Matías Galván (Nelson Perroti), Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro (Julio De Vido), y Enrique Arce y Nicolás Guzmán (Carlos Kirchner)”.

Fuente: Mitre