Luego de la misteriosa intrusión de desconocidos en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales de jueces, el Consejo de la Magistratura dispuso la intervención del área que tiene a su cargo la custodia de esa documentación. 

La decisión se produjo luego de que los intrusos revisaran los anexos con información reservada correspondiente a 24 jueces y funcionarios judiciales nacionales, entre ellos tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que juzga a Cristina Kirchner.

"El Cuerpo ha resuelto ratificar todo lo actuado por su Presidente y disponer la intervención del área a la que le compete la guarda y registro de las declaraciones juradas. La intervención le ha sido encomendada al señor Secretario General del Consejo", expresó el organismo judicial.

Además, determinaron, dentro de un plazo de 30 días, "el pronto traslado de las estructuras de guardado de las declaraciones juradas a otro edificio del Consejo y robustecer los sistemas de seguridad que las preservan, a la vez que reconducirlos a las tecnologías vigentes".

El ingreso no permitido al área donde se guardan unas 11.000 declaraciones juradas de bienes, de las cuales aproximadamente la mitad corresponde a magistrados, fue ostensible: la funcionaria que lo descubrió dijo que además de haber hallado cerraduras mal cerradas o puertas entreabiertas, su propio escritorio había sido alterado.

Ese mismo martes 21 de junio, el presidente del Consejo y titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, ordenó hacer la denuncia en Comodoro Py y poner a disposición del juez interviniente -que resultó ser Daniel Rafecas- toda la información disponible. Esta semana, además, inició un sumario administrativo que este viernes dejó en manos del director de Auditoría, José Luis Pivetta.

A través de un comunicado, el organismo informó que también "ha resuelto requerir al Cuerpo de Auditores la pronta tramitación de las actuaciones disciplinarias cuya instrucción se le ha encomendado, y la emisión de informes parciales de avance que permitan complementar la intervención ordenada".

Finalmente, con el objetivo de "armonizar" la recepción de las declaraciones juradas periodo 2021, junto a la puesta en marcha de las medidas de gestión y seguridad a implementarse," se ha puesto a consideración del Plenario la posibilidad de readecuar su cronograma de presentación".

Entre las declaraciones violadas, se destacan la de los tres integrantes del TOF2, que está concluyendo el juicio contra la vicepresidenta, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez -entre otros acusados- por el supuesto direccionamiento de contratos de obra pública hacia las empresas del contratista K. Se trata de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

También fueron manipuladas las declaraciones juradas del juez federal porteño Ariel Lijo y a los camaristas de la Casación Federal Penal Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci.

El juez Rafecas notificó este viernes a todos los magistrados y secretarios judiciales afectados, y delegó la investigación del caso en el fiscal Ramiro González.

Fuente: Mitre