En medio de la supuesta "guerra" contra la inflación que dice encarar el Gobierno, la tensa relación con los empresarios acaba de sumar un capítulo inesperado a partir de una vieja investigación por supuesta carterización de precios que habría ocurrido entre el 2014 y el 2017.
Se trata de una investigación llevada a cabo por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), durante esos años para analizar el comportamiento de varios productores de harina acusados de haber formado parte de un "cartel" para formar precios y encarar políticas anticompetitivas.
Según el ente, los involucrados son la empresa Molino Cañuelas; la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM); la Cámara de Industriales Molineros y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras.
La acusación asegura que la compañía de la familia Navilli y las cámaras empresarias conspiraron para encarar un proceso de cartelización para la fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina durante esos años.
A partir de este informe, la Secretaría de Comercio Interior les acaba de aplicar una multa global de $450 millones en el marco de la Resolución 332/2022 firmada por Feletti y publicada en la edición de este martes 5 de abril del Boletín Oficial.
Se acaba de aplicar una multa de $450 millones a las compañías involucradas en el marco de la Resolución 332/2022
Multa "exorbitante e infundada"
Desde la FAIM, rechazaron "expresa y enérgicamente" la medida tomada por el organismo a cargo de Roberto Feletti y que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, y calificaron a la multa de "exorbitante e infundada".
Los argumentos que esgrime la entidad empresaria se basan en considerar a la resolución como "groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió". Por eso y más allá de la ilegalidad de la decisión, la FAIM asegura estar convencida de que la resolución responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, "toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en el 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar".
A partir de estas sospechas, los directivos de la cámara empresaria anticipan que recurrirán a la justicia "a fin de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin al actuar -reiteramos- arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior".
Ya durante la investigación llevada a cabo por la CNDC, la entidad empresaria había presentado un fuerte descargo rechazando las acusaciones en su contra y defendiendo el accionar de Molino Cañuelas sosteniendo la imposibilidad qu la empresa pueda imponer decisiones a todo el sector, ya que su representante es solamente uno de los 15 integrantes titulares de la Comisión Directiva de esa cámara empresaria.
También aclaró que los integrantes de dicha comisión representan a molinos que compiten con Molino Cañuelas y que en modo alguno podrían favorecer una maniobra de concentración. La FAIM además aclaró que el cuestinado "borrador" del llamado "Acuerdo de Defensa de la Libre Competencia en el sector molinero" fue una propuesta cuya adhesión era voluntaria por lo que ningún molino tenía esa obligación ni fue forzado a nada, por lo cual la propuesta nunca pudo materializarse.
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