El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó este jueves una serie de planteos de nulidad y prescripción que realizaron las defensas en el marco del juicio por el derrumbe dentro del boliche Beara, ocurrido en septiembre de 2010.
El derrumbe ocurrió a las 3.50 del 10 de septiembre de 2010, pocos minutos después de que el grupo Ráfaga terminara un recital, cuando cedió la estructura precaria del entrepiso sobre las fallecidas Ariana Beatriz Lizarriaga (21) y Paula Leticia Provedo (20) y dejó heridas a más de 50 personas.
En el debate interviene el fiscal Oscar Ciruzzi, a cargo de la Fiscalía General Nº7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, quien se había pronunciado el lunes pasado, en la jornada inicial, en contra de todos los planteos de las defensas.
Entre los 17 implicados en el juicio están los responsables del boliche y del local de al lado, ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debían controlar el estado del lugar y policías que están acusados de cobrar coimas. La investigación del caso fue llevada adelante por el fiscal Andrés Madrea.
Al final de la audiencia de este lunes, las defensas manifestaron una serie de cuestiones preliminares que incluyeron pedidos de sobreseimientos, nulidades del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal (MPF) y planteos de falta de acción por prescripción por parte de Vanesa Ileana Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, que trabaja actualmente dentro de la estructura del gobierno porteño.
En ese momento, el fiscal Ciruzzi explicó que la por entonces funcionaria, al seguir dentro del andamiaje administrativo -aun con menor responsabilidad- está alcanzada por la interrupción de la prescripción, establecida en las situaciones donde los imputados aún se encuentran bajo la órbita pública.
En esa línea, los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Alterini recordaron que el artículo 67 del Código Penal establece que la prescripción se suspende “en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.
En respuesta a otro de los planteos, y tal como había considerado la fiscalía, remarcaron que no corresponde dictar en este momento ningún sobreseimiento.
“Es el debate el lugar donde se van a analizar las pruebas: durante el juicio es donde podemos evaluar si hay elementos suficientes para acusar o condenar”, puntualizaron.
Los magistrados consideraron que dentro del requerimiento de elevación a juicio realizado por el MPF está “perfectamente delimitado” el objeto del debate y que todos los imputados conocen de qué hechos deben defenderse.
Sostuvieron, también, que no ha pasado aún el plazo de prescripción de la causa, en contra de lo pretendido por la defensa de uno de los implicados.
Funionario porteño negó haber pedido coimas para la habilitación
El exdirector de Habilitaciones Especiales del Gobierno de la Ciudad, Pablo Saikauskas, imputado en el juicio por el derrumbe en el boliche Beara, negó este miércoles ante un tribunal que se hayan pagado coimas para habilitar el local .
"Tengo la conciencia tranquila y puedo decir lo que digo: a mi nadie se me acercó para que haga o que deje de hacer en ningún expediente", dijo Saikauskas, quien añadió bajo juramento que "fue un trámite normal".
Por la muerte de las jóvenes, ocurrida el 10 de septiembre de 2010, el ex funcionario porteño está acusado de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real".
"Yo verificaba la documentación, los aspectos técnicos le tienen que preguntar a los especialistas", señaló Saikauskas durante la segunda audiencia del juicio celebrada este miércoles.
El imputado negó que las verificaciones técnicas hayan alertado por irregularidades y afirmó que fue por eso que el 6 de agosto de 2009 firmó la habilitación para Beara.
"Ningún controlador nos comunicó nada" recalcó Saikauskas para luego puntualizar que las verificaciones eran hechas "por especialistas" que "elegían el propietario y el Gobierno de la Ciudad".
Cuando el presidente del tribunal, Alejandro Noceti Achával, le consultó a Saikauskas si tenía algo más que agregar a su declaración, éste sacó una hoja y leyó: "La verdad es que lo que ocurrió es la caída de un entrepiso, porque estaba en mal estado o mal construido, o colapsó por exceso de peso, todas estas cuestiones me excedían en mi participación en la habilitación".
Los responsables de Beara, Juan Carlos Yun, Agustin Dobrila e Iván Fliess, ofrecieron un pago de cinco millones de pesos a repartir entre los familiares de Ariana y Paula, y un millón de pesos para los heridos.
En esa audiencia, Noceti Achával consultó a los familiares su parecer sobre el eventual acuerdo, a lo que la madre de Paula, Alicia Tagliaferro, dijo que "está manchado con sangre el dinero que nos están ofreciendo: todos tienen vida, las únicas que no la tienen son Leticia y Ariana".
Escuchadas las partes, por unanimidad, el tribunal rechazó el pedido de probation, aludiendo al artículo 353 del Código de Procedimiento Penal que establece que una vez fijada la fecha de un juicio oral "ningún recurso puede impedir la realización del proceso".
Además de Saikauskas, por el Gobierno de la Ciudad están siendo juzgados en este proceso por los delitos de "homicidio culposo agravado, lesiones graves y cohecho" el ex responsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell, y el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano.
La ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Berkowski, llega también a este juicio acusada por el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público".
Por los mismos delitos, están acusados el comisario de la Policía Federal Rodolfo Cabezas y los integrantes de la fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González.
Fuente: Télam
