El Ministerio Público Fiscal pidió penas de entre 16 y 4 años de prisión para cinco exdirigentes de la Uocra de Bahía Blanca en el juicio oral y público que se sigue por una causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita utilizada para extorsionar a empresarios de la construcción de esa ciudad del sur bonaerense, según consignaron fuentes judiciales.

El fiscal Gustavo Zorzano, solicitó este miércoles estas penas tras concluir su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Bahía Blanca, cuya titularidad es ejercida por el juez Eugenio Casas.

Se trata de la causa por la cual se encuentran procesados el ex secretario adjunto del gremio, José Bernardo Burgos, junto a los dirigentes Guillermo Esteban Molina, Mario Matías González, Roberto Sabino Ríos y Walter Rafael Páiz.

Los exdirigentes del gremio son juzgados por los presuntos delitos de asociación ilícita, extorsión, coacción, atentado a la autoridad, daño y amenazas.

Fuentes judiciales informaron este jueves a Télam que "para Burgos, el fiscal solicitó la pena de 16 años de prisión, 10 años de inhabilitación para realizar cualquier tipo de actividad gremial y 90 mil pesos por haber actuado con ánimo de lucro, todo ello por considerarlo jefe de la asociación ilícita"."En el caso de Molina, solicitó una pena de 14 años de prisión, diez de inhabilitación para realizar todo tipo de actividad gremial y 80 mil pesos de multa por haber actuado con ánimo de lucro, por considerar que tuvo un rol protagónico en las maniobras delictivas", agregaron.

Según se indicó, en el caso de Páiz, Zorzano solicitó una pena de diez años de prisión, diez de inhabilitación para realizar todo tipo de actividad gremial y 70 mil pesos de multa por haber actuado con ánimo de lucro, donde se lo acusa de 8 hechos cometidos en el marco de la asociación ilícita que integraba.

Para González, otros de los integrantes del gremio, el fiscal pidió siete años de prisión, siete de inhabilitación y 60 mil pesos de multa, por seis hechos en tanto que para Ríos, solicitó cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación especial para realizar todo tipo de actividad gremial.

Los voceros señalaron también que el representante de la Fiscalía "reclamó el decomiso de todos los bienes y fondos secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la causa".

En el marco de la causa también otros ocho integrantes del gremio local de la construcción fueron condenados, pero a través de juicios abreviados.

La investigación comenzó de oficio en octubre de 2017 y, desde entonces, el fiscal Gustavo Zorzano tomó declaración testimonial a empresarios del rubro de la construcción.

En esos testimonios fueron denunciados "aprietes" y, en enero del 2018, se realizaron allanamientos en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez.

Fuente: Télam