La iniciativa ingresó este martes en la Legislatura porteña junto a un proyecto de Crédito para la Primera Vivienda y otro para declarar la Emergencia Habitacional en la ciudad de Buenos Aires, todos de autoría de Javier Andrade (Frente de Todos).
El diputado porteño Javier Andrade presentó un proyecto mediante el cual propone la creación de la Inmobiliaria Estatal de la Ciudad, la cual tendría “como objeto responder a las demandas sociales habitacionales de los ciudadanos”.
La iniciativa ingresó este martes en la Legislatura porteña junto a un proyecto de Crédito para la Primera Vivienda y otro para declarar la Emergencia Habitacional en la ciudad de Buenos Aires, todos de autoría de Javier Andrade (Frente de Todos).
Andrade propone la creación de la Inmobiliaria Estatal de la Ciudad, la cual tendría “como objeto responder a las demandas sociales habitacionales de los ciudadanos”. Desarrollando dicha actividad como una política pública esencial, sin fines de lucro, con oficinas en los centros habilitados con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad, en cada una de las 15 Comunas.
La Inmobiliaria Estatal tendría que:
Garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda digna, establecido en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Promover la intervención del Gobierno de la Ciudad como observador y garante del cumplimiento de las normativas aplicables a las locaciones urbanas con el fin de evitar situaciones abusivas que menoscaben los derechos de las partes intervinientes, especialmente de los locatarios.
Responder a las demandas socio-habitacionales de la/os ciudadana/os desarrollando una actividad social sin fines de lucro, gestionando con información abierta, oportuna y transparente.
Conformar un banco público de inmuebles con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, con las propiedades disponibles para alquiler que se encuentren dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Realizar un relevamiento anual y censos periódicos de inmuebles públicos, inmuebles con capacidad ociosa y verificación de estados dominiales, estableciendo y registrando el estado parcelario de los mismos a fin de que sean utilizados para disminuir el déficit habitacional en la jurisdicción de la Ciudad.
Articular, interactuar y/o cooperar con los representantes de los distintos organismos y áreas del Estado, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y sindicales, y/o entes u organismos autárquicos de la ciudad, que sean parte de la relación de derecho que surge entre propietaria/os e inquilina/os.
Interceder entre las partes del contrato, asesorando gratuitamente a locadores y locatarios, gestionando también en forma gratuita, certificaciones de firmas y la tramitación de los informes necesarios para perfeccionar el acto contractual.
Recibir y atender reclamos de locatarios, locadores y/o corredores inmobiliarios derivados de los respectivos contratos de locación.
Organizar una instancia de mediación gratuita y a pedido de parte para solucionar problemas que surjan entre locatarios, locadores o inmobiliarias.
Asesorar particulares sobre los alcances en los contratos de locación, renovaciones, rescisiones, y mediar ante situaciones de conflictos entre las partes, de los contratos celebrados dentro de la órbita de la Inmobiliaria Estatal.
Asistir y/o participar, con los distintos organismos y áreas del Gobierno de la Ciudad a cargo, del diseño y desarrollo de nuevos programas de viviendas sociales, a fin de lograr que la/os ciudadana/os resuelvan progresivamente su acceso a una vivienda digna.
Localizar inmuebles a fin de proponer futuras construcciones al Programa Pro.Cre.Ar, o el que en el futuro lo reemplace, dando respuesta habitacionales a la/os ciudadana/os de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Identificar, registrar y evaluar la situación de predios de origen público y/o privado y la posibilidad de someterlos al proceso expropiatorio con la intervención de la Legislatura de la Ciudad, con el fin de que sean aptos para la concreción de planes y programas de desarrollo y mejoramiento del hábitat.
Intervenir en los procedimientos de regularización y acceso a la titularidad dominial en coordinación con otras autoridades de aplicación de la normativa específica, regulando acciones, pautas y criterios con los organismos involucrados.
Generar ámbitos de gestión articulada entre el ejecutivo y las autoridades comunales, así como entre el ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y los Municipios, la Provincia de Buenos Aires y/o la Nación, a fin de trabajar la temática de tierra, hábitat, urbanismo y la efectiva capacidad institucional del Estado en el abordaje de las mismas.
Promover, desarrollar y sostener un crecimiento urbanístico planificado para toda la Ciudad de Buenos Aires, protegiendo el espacio público y conservando el medio ambiente, buscando siempre obtener la satisfacción y el bienestar de toda/os la/os ciudadana/os porteña/os.
En los fundamentos de la iniciativa Andrade señaló: “Nuestra ciudad de Buenos Aires pasó de ser, apenas hace 15 años, una ciudad donde el 70% era propietario a una ciudad donde la mayoría son inquilinos. A sabiendas de ello, creemos que es el Estado quien debe regular el mercado inmobiliario y generar las políticas necesarias que tiendan a lograr condiciones más justas. Creemos que el objetivo debe ser volver a tener una ciudad donde la mayoría de sus ciudadanos tengan posibilidades reales de ser dueños de sus viviendas y, mientras sean inquilinos, sepan que el Estado los protege evitando que mercado inmobiliario continúe con sus ‘errores’, omisiones o claros abusos ante la pasividad e inacción del Estado de la ciudad”.
“Tenemos la convicción de que, con voluntad política desde el poder ejecutivo de la ciudad, la creación de una Inmobiliaria pública posibilitará, en el corto y mediano plazo, un cambio rotundo en las condiciones de acceso al mercado inmobiliario de miles de argentinos/as que hoy en día sólo ven escollos y obstáculos permanentes. Sin dudas, la nueva Inmobiliaria permitirá que el Estado de la ciudad pueda plantear políticas públicas activas, garantizando el acceso irrestricto al mercado inmobiliario”, añadió Andrade.
Y concluyó: “Bajo la órbita de la Inmobiliaria, proponemos la creación de dos registros: uno de Inmuebles; otro de contratos. En ambos ítems subyace una misma realidad: la ciudad dispone de más de 300 mil inmuebles deshabitados, que no están siendo ofertados para alquilar, imposibilitando que el mercado se desenvuelva equitativamente entre locadores y locatarios. Por tanto, será función prioritaria de la Inmobiliaria posibilitar un equilibrio virtuoso del proceso, a fin de que tanto propietarios como inquilinos encuentren beneficiosa la participación e intermediación de la misma en todo el proceso”.
