Tras la obligación de la AFIP a registrar los contratos de los alquileres, estalló la polémica sobre cómo afectará esto a los propietarios y a los inquilinos.

Tras la Ley de Alquileres, vigente desde julio del año pasado, y en donde se obliga a declarar los contratos de locación, ahora surgen nuevas obligaciones impositivas para los propietarios.

Hay que tributar Ingresos Brutos, aunque por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, desde diciembre del 2020, están exentos los alquileres cuyo valor mensual esté por debajo de los $30.000. En Provincia, la base no imponible es $32.600.

De esta manera, ahora el propietario del inmueble debe abonar el monotributo ($557 si el trabajador está en relación de dependencia, o $2500 si no lo está), importe de la alícuota de Ingresos Brutos, abono al contador todos los meses para que emita la factura de IIGG, la comisión a la inmobiliaria y el ABL (obligatorio desde la sanción de la Ley de Alquileres).

Estas medidas pueden provocar que el valor de los alquileres de las propiedades tengan un aumento significativo, algo que ya se vio durante el 2020 con la nueva Ley.

“La informalidad se combate con la presión impositiva. Esto va a generar más evasión y las decisiones que se toman a partir de esto. Se termina negociando mayor informalidad, no se emiten las facturas correspondientes, y la recaudación por la actividad inmobiliaria es bastante baja porque los inmuebles están exentos del valor agregado siempre que sean para vivienda”, manifestó la semana pasada a Lanata Sin Filtro el tributarista Iván Sasovsky.

Fuente: Mitre