Un grupo de jueces empezó a recibir en sus domicilios, en las últimas horas, una intimación de la Anses que los "emplaza" a jubilarse.

Las notificaciones son "en cumplimiento" de la resolución de ese organismo, que dirige Fernanda Raverta, de la semana pasada, que dispuso que los jueces, fiscales y funcionarios judiciales que tienen sus jubilaciones concedidas deben ejecutarlas o sus trámites serán revisados y archivados.

La notificación que recibieron es muy breve. "Me dirijo a Usted en mi carácter de Jefe de la Unidad de Trámites Descentralizados (...) a fin de emplazarlo para acompañar dentro del término de 30 días hábiles administrativos (...) la renuncia al cargo que desempeña para poder concluir el trámite previsional", sostiene. Y advierte que, "de no presentar la documentación requerida en el plazo indicado", se procederá "al archivo de las actuaciones, previo control de legitimidad de los actuados en las mismas".

La llegada de esta intimación apuró el debate interno entre los jueces alcanzados por la medida. En los tribunales no saben todavía si la Anses está notificando a todos los que se encuentran en la misma situación o está haciendo emplazamientos selectivos.

Varios de los camaristas de Casación, el máximo tribunal penal, recibieron ya la notificación y algunos tienen decidido iniciar una acción judicial que, de mínima, reclamará que la Anses explique qué significa "control de legitimidad". Ese punto es clave: qué facultades piensa ejercer el Poder Ejecutivo sobre los trámites jubilatorios de aquellos magistrados y funcionarios que ya tienen sus jubilaciones concedidas, pero que no quieren irse todavía.

En total, los alcanzados por la resolución de la Anses son 222: 182 jueces, desde la Corte hasta juzgados de primera instancia, 20 fiscales, incluido el procurador interino, Eduardo Casal; diez defensores y diez funcionarios de menor rango (secretarios y subsecretarios). Por el momento, no todos fueron notificados.

 
Quién es quién de los intimados
La nómina de quienes están alcanzados por la resolución de la Anses incluye a jueces y fiscales que fueron muy cuestionados por el kirchnerismo, inclusive algunos a quienes busca remover, como Casal, el camarista federal Martín Irurzun y el camarista de Casación Eduardo Riggi. En la lista que tiene el Gobierno de quienes tienen concedida la jubilación -a la que accedió LA NACION- están la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton, y cinco camaristas de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal: Riggi (denunciado ante el Consejo de la Magistratura este mes por el abogado de Cristina Kirchner), Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques (exministro de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal), Ángela Ledesma y Liliana Catucci.

De los 182 jueces, 64 son de primera instancia y 118 son camaristas. De los fiscales, además de Casal, figura el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello. De la Cámara Federal, además de Irurzun, aparece en la nómina Leopoldo Bruglia, que deberá decidir si presenta su renuncia o si se queda hasta que culmine el concurso abierto para cubrir su cargo, tras el fallo de la Corte Suprema que le puso plazo al traslado por el que llegó a la Cámara.

Bruglia es uno de los camaristas que ya recibió la intimación. "Tantas ganas tienen de que se jubile que se la mandaron dos veces", dijo a LA NACION un funcionario de Comodoro Py. En efecto, a la casa de Bruglia llegaron dos copias iguales.

Fuente: La Nación