El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió este jueves dictar el sobreseimiento del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y otros imputados en una denuncia por presuntos sobreprecios en compras de alimentos durante la pandemia de coronavirus, al descartar la existencia de delito.
En un dictamen entregado al juez del caso, Sebastián Casanello, el fiscal pidió sobreseer a Arroyo y a otros 15 denunciados, funcionarios de ese Ministerio y titulares de las empresas alimenticias.
"De un análisis de las contrataciones por emergencia objeto de investigación y el resultado de las diligencias adoptadas durante la instrucción del sumario, esta parte no advierte la comisión de conducta ilícita alguna por parte de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los responsables de las empresas jurídicas intervinientes", concluyó el fiscal.
Marijuán consideró que "el estudio de los expedientes de contrataciones por emergencia del Ministerio de Desarrollo Social denunciados, demuestra que se ha cumplido con la normativa y reglamentación vigente para llevar adelante en forma debida la adquisición de los alimentos de primera necesidad allí alcanzados".
"Como se encuentra documentado en la pesquisa, las contrataciones se llevaron a cabo en el marco de la emergencia pública sanitaria -Ley 27.541 y Decreto 260/2020- en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus COVID-19", agregó el dictamen fiscal.
El fiscal destacó que "las razones de urgencia y emergencia que llevaron a esa cartera ministerial a celebrar las contrataciones aquí denunciadas, resultan claras y justificadas".
"Tuvieron como objeto cubrir la demanda de un sector de la población que precisaba de la asistencia del Estado para poder afrontar la situación de emergencia -tanto sanitaria como económica- provocada por la pandemia "Covid-19"", concluyó.
Las compras cuestionadas fueron de aceite comestible, fideos, azúcar, lentejas y arroz, tramitadas en cinco expedientes.
Marijuán tiene delegada la investigación por decisión del juez Casanello, quien ahora deberá resolver si dicta los sobreseimientos y archiva el caso.
La denuncia había sido presentada el 20 de abril del año pasado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para que se investigaran posibles irregularidades en contrataciones directas por emergencia autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Social.
Las contrataciones se hicieron por un total de 543.408.400 de pesos y en la denuncia la PIA sostuvo que habrían sido adjudicadas a "un grupo reducido de empresas" que "en su mayoría- cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la v Sindicatura General de la Nación"
Pero la fiscalía sostuvo que a través de diversa prueba ordenada "se documentó " el funcionamiento de las sociedades referenciadas, tratándose en algunas de ellas de depósitos, oficinas comerciales o viviendas vinculadas con las firmas".
Además se informó a la fiscalía "que el precio fijado correspondía al valor medio de mercados mayoristas y distribuidoras para cada producto, todo ello calculándose con las condiciones de contratación previstas en el Pliego de Bases y Condiciones".
Fuente: La voz
