La ley de aborto legal quedará promulgada en Argentina el jueves próximo, durante un acto que encabezará el presidente Alberto Fernándezen el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.
De esta forma, el Gobierno buscará resaltar el peso histórico de una norma que amplía los derechos de las mujeres, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación sobre el aborto vigente desde 1921.
Impulsado por Alberto Fernández, el aborto legal fue convertido en ley por la cámara alta el 30 de diciembre pasado, con el voto favorable de 39 senadores y el rechazo de otros 29.
La ceremonia está prevista para las 18.30 y reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional, entre ellos, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con un rol clave en la motorización de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
En el acto del jueves, Alberto Fernández también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1.000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado cuando la sancionó, también el 30 de diciembre último, poco después de haber votado el aborto legal.
Hasta ese día, Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.
Ahora, las mujeres podrán interrumpir un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.
También será promulgado por Alberto Fernández, el plan de los 1000 días que establece una nueva asignación para Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
El objetivo apunta a afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo o padezcan trombofilia, mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y niñas y adolescentes embarazadas.
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